Lo hemos visto hasta la saciedad en las películas de Hollywood. Es muy curioso darse cuenta de cómo casi conocemos más aspectos de la cultura estadounidense que de la nuestra propia. Sabemos y conocemos muchos de los entresijos de esa celebración que hacen los habitantes de EE.UU. y Canada: que si el pavo relleno que trincha el cabeza de familia; que si el pastel de calabaza; que sí el partido de futbol (americano) por la televisión…. Podemos rastrear ésta histórica tradición cristiana de los que colonizaron Estados Unidos hasta 1623. En noviembre de ese año, después de recolectar la primerísima cosecha que los nuevos habitantes de EE.UU habían plantado en su nueva tierra (habían llegado en el Mayflower dos años antes) el gobernador declaró “Todos ustedes, peregrinos, con sus esposas e hijos, congréguense en la casa comunal, en la colina… para escuchar al pastor, y dar gracias a Dios todo poderoso por todas sus bendiciones”. A partir de entonces, el último jueves del mes de noviembre se instauró esta forma de dar gracias a Dios, en principio muy semejante a alguna de nuestras fiestas otoñales de la cosecha. Sin embargo, con el tiempo, esta fecha se adelantó una semana. ¿Por qué? simplemente porque el viernes posterior al día de acción de gracias es cuando el comercio estadounidense abre la temporada navideña. Claro, si se adelanta una semana la fiesta, se adelantan una semana las ventas… Es, un vez más, una comprobación de cómo la economía y el consumo rigen nuestras vidas y nuestros calendarios. La fiesta de Acción de Gracias una vez perdido su sentido original no parecer ser ahora sino el pistoletazo de salida del desenfreno consumista que para algunos suponen las fiestas de la Navidad

Quizás sea por eso por lo que, muchos años después, en 1992, a Ted Daves, un publicista canadiense, quizás cansado, quizás arrepentido, de su trabajo se le ocurrió celebrar el Día Mundial Sin Compras. Una especie de huelga de consumidores que se celebrara a escala mundial justo el viernes posterior al jueves en que se celebre el día de Acción de Gracias. O sea, que justo el día en que los centros comerciales comienzan la campaña más consumista del año, no habría que hacerles ningún caso.

Desde hace años, diversas asociaciones ciudadanas convocan este día para no comprar nada: algo parecido a una operación de boicot, no contra un producto o una empresa concreta, sino contra la sociedad de consumo en general. La propuesta consiste en escapar de la corriente consumista tanto en Navidad como en el resto del año. Para ello se invita a toda la población a no acudir a comercios y grandes almacenes, reducir al máximo las compras de esa jornada, limitándolas a lo realmente necesario, o incluso anularlas, y salir a la calle para denunciar un sistema socioeconómico injusto, alienante, y ambientalmente insostenible. Las formas y maneras de celebrarlo son muy variadas: zonas libres de tiendas; representaciones teatrales donde marcianos visitan nuestro planeta y se sorprenden del comportamiento de los terrícolas compradores; reparto de información a la puerta de las grandes superficies; organizando mercadillos de trueque; montando un Túnel de la Felicidad, un laberinto que en su recorrido incita al consumo hasta llegar al final y encontrarnos con las consecuencias negativas de la desaforada locura consumista, etcétera.

El consumo, que sin duda es uno de los más importantes motores de la Economía es también su principal y voraz devorador y destructor, al ser creador de inmensas injusticias y desigualdades. Consumir, comprar bienes y servicios, es una función esencial de los agentes económicos y una variable fundamental en el desarrollo de los países y de las economías y en la creación de riqueza. No en vano se conoce con el nombre de Sociedad de Consumo o Economía de mercado a aquella que se basa en el libre intercambio de bienes y servicios a cambio de un dinero y de la obtención de valor por parte de todos los agentes implicados. Sin embargo es un hecho demostrable que los hábitos de consumo del llamado Norte son a menudo, insostenibles, crean destrucción y pobreza y por lo tanto es urgente cambiarlos ya que ponen en peligro no sólo la vida de los habitantes de los países del Sur sino incluso nuestra propia supervivencia. Mil setecientos millones son apenas una cuarta parte de la población mundial. Efectivamente y según el prestigioso World Watch Institute, un 28% de la población mundial es “consumidora”, aunque en las zonas del mundo industrializado esta clase supone cerca del 80% mientras que en los países en desarrollo sólo suponen el 17%

Se hace imprescindible y urgente un cambio sustancial del consumo de la gran mayoría de los ciudadanos del Norte para que no sigamos destruyendo sino que se restauren los ecosistemas y que se permita, por justicia y solidaridad, un bienestar básico suficiente para todas las personas del planeta. En un mundo globalizado en el cual la producción se descentraliza y se mundializa, los consumidores debemos tratar de seguir el rastro de lo que compramos y garantizar que no se están apoyando prácticas como la explotación laboral infantil, la destrucción del medioambiente, la remuneración injusta al productor, etc. La reorientación de las prioridades de la sociedad hacia una mejora del bienestar de las personas, en vez de la mera acumulación de bienes supondría la transformación del consumo en una herramienta para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del planeta.

Las juntas electorales han tumbado 178 candidaturas para el 20-N y tan solo cuatro partidos se podrán presentar en todas las circunscripciones. Adivine usted cuales. ¡Exacto, PSOE, PP, IU, UPD! (http://politica.elpais.com/politica/2011/10/25/actualidad/1319533759_195487.html).

La modificación de la ley electoral que se realizó en marzo del año pasado (ya podían haber aprovechado para modificar muchas mas cosas en esa ley, dicho sea de paso) y que exigía el requisito de conseguir el 0,1% de firmas del censo electoral en cada circunscripción en el caso de partidos extraparlamentarios ha supuesto que, tras analizar las candidaturas y los avales hayan sido rechazadas 178 candidaturas y otras 1.145 listas hayan cumplido con la exigencia y puedan ahora competir por el voto ciudadano con las candidaturas pata negra (aquellas que no necesitan aval). En total, mil opciones menos que hace cuatro años se presentaran al escrutinio del 20-N. Equo ha conseguido sus objetivos y se podrá presentar en todas las circunscripciones que pretendía, de lo cual me alegro y le doy mi más sincera enhorabuena a todas las personas que han trabajado porque esto sea así.

Pero el tema es grave y merece a mí entender, aunque sea de manera breve y llevado de la inmediatez de la noticia, una reflexión en clave mercantil, en el sentido que se cuenta en el librito “El mascador de papel” de Liz Jensen, en el que se nos cuenta la historia de cómo una isla artificial –Atlántica-, todo un prodigio de ingeniería en medio del océano, ha prosperado sirviendo de vertedero de todo el planeta. Gobernada por “la Corporación La Libertad” la isla se administra como si fuera un hipermercado con cinco millones de clientes. El marketing sustituye así a la política, y los ciudadanos son considerados clientes. De la misma manera, el marketing electoral que se ha venido desarrollando de un tiempo a esta parte prima las formas (foto e imagen del candidato, relaciones con los medios, puesta en escena, mítines planificados para decir lo adecuado justo cuando el telediario conecta con él, uso de la web 2.0. etc.) frente al fondo, al debate, a las propuestas y las ideas. Para muestra un botón: un partido de los pata negra lleva negándose a compartir y abrir al público su programa electoral hasta el último momento.

La situación de las candidaturas me recuerda mucho a lo que una gran cadena de supermercados líder en España –Mercadona- hizo hace un par de años. Tras estudiar en sus lineales que productos y marcas tenían más rotación (lo que equivale a ser mas rentables) decidió suprimir aquellos que no cumplían un cierto criterio. Así se deshizo del 9% de ellos en un primer momento; mas tarde aplicaría una segunda vuelta de tuerca y si la primera vez se deshizo de 800 referencias, el número de la segunda se acercaba a las 1200. El ahorro así conseguido rondaba los 40 millones de euros, todo ello, eso si, hecho a favor y en nombre del “del consumidor”. Ahora nos han eliminado 178 posibilidades de votar, aplicando la ley de mercado y sacando de la oferta electoral (de las estanterías) aquellas candidaturas que no parecen rentables porque no vayan a alcanzar una compra mínima (medida en avales preelectorales, que ni siquiera en votos).

Es cierto que la racionalidad en la oferta era necesaria, para no caer en aquella “sopa de siglas” de las primeras elecciones democráticas de 1977. No es menos cierto que el coste económico y medioambiental de imprimir y tener disponibles en todos los colegios electorales papeletas de todas las posibles candidaturas en número suficiente es muy alto. Muchas son las razones que se podrían dar para esta reducción y racionalización del número de opciones. Pero también eran muchas las alternativas. Frente a la sopa de siglas, las listas abiertas; frente al coste, el voto electrónico…por poner dos ejemplos.

Creo que tod@ ciudadan@ tiene el firme derecho a expresar, mediante su voto, sus ideas y buscar de entre todas las posible aquellas que mas se acerquen a ellas. Coartar así la posibilidad de que en algunas circunscripciones unos no puedan decir lo que piensan es en alguna medida un atentado contra la libertad de expresión. Así si vivo en Madrid y me preocupan y me alineo con los postulados de, por poner un ejemplo, el Partido por un Mundo más Justo, cuyo fin último es la erradicación de la pobreza en el mundo a través de la acción parlamentaria y se han presentado ya a unas cuantas citas electorales podría votarles, pero si vivo en Albacete no. No me parece Justo. Como tampoco si soy simpatizante del Partido Andalucista pero vivo en Madrid, donde no ha alcanzado el número de avales suficiente.

En el librito antes mencionado hay un disidente Harvey Kidd, “un producto defectuoso de la sociedad” que no está de acuerdo con la idea felicidad que le vende La Corporación. Ésta, convencida de sus ideas y respaldada por la mayoría de los habitantes de la isla llenos de codicia y satisfechos con un sistema que les ofrece las mejores oportunidades económicas, va poco a poco modificando un sistema electoral para perpetuarse en el poder. Eliminar competidores, retrasar elecciones, preguntar “¿estas contento con nosotros en el poder?” y si la respuesta es afirmativa ¡para que convocar elecciones!…todo vale con tal de ser eficaz. Es la ley del mercado electoral. Espero que eso se quede en la novela. Como también espero que haya muchos Harvey Kidd en el mundo. De alguna manera los llamados indignados son (somos) eso. ¡Feliz democracia! No dejemos que el mercado también se apropie de este espacio de ciudadanía, responsabilidad y libertad.

Una de esas tácticas es tratar de confundir a los ciudadanos sobre la capacidad tecnológica de las renovables para sustituir a las fuentes convencionales, nuclear incluida. Pero como Scheer destaca en “El imperativo energético”, la batalla por las renovables no es una batalla tecnológica (esa está ganada o se ganará) sino ideológica. La filosofía que impregna el nuevo modelo basado en las renovables, la eficiencia y el ahorro, hunde sus cimientos en el autoabastecimiento, la generación distribuida y la sostenibilidad. Toda una revolución, un cambio radical respecto al actual sistema energético centralizado, malgastador de recursos y dependiente de unos pocos, que tratan de frenar de todas las formas posibles la revolución que se está produciendo en el terreno de la energía.

Pero no hay que temerles. Como dijo Ghandi –y Scheer recuerda en el prólogo del libro– “primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te combaten y al final ganas”. Antes o después, obtendremos energía únicamente del viento, el sol y el agua. Ahora bien, la simple voluntad no basta para que se produzca el cambio. Hacen falta muchos recursos y un elemento que no se suele mencionar muy a menudo: formación. Un aspecto en el que todavía andamos flojos: “Incluso si de hoy para mañana se acabaran y superaran todas las resistencias contra las energías renovables, se implementaran prioridades políticas claras y se pusiera a disposición de este cambio suficiente capital de inversión, nos tendríamos que enfrentar al problema de que, hasta el día de hoy, sólo existe un número reducido de técnicos especialistas con la formación adecuada”, señala Hermann Scheer.

Esta advertencia debe interpretarse, en realidd, como toda una oportunidad. Aunque el menosprecio al que se han visto sometidas las renovables ha ido acompañado de un enorme desinterés en su enseñanza, a todos los niveles (escolar, profesional y académica), el vacío está empezando a cubrirse y una nueva generación de jóvenes se prepara para hacer frente al reto que supone contar, a gran escala, con especialistas en tecnologías energéticas limpias. En cualquier caso, es de vital importancia trasladar cuanto antes a nuestro sistema educativo esta nueva forma de entender la energía como bien básico, necesario, universal y limpio. E incentivar el cambio con señales claras de precio, premiando el ahorro de energía y penalizando el mayor consumo. Justo lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora.

¿Tiene lógica que los empleos verdes, que son por definición buenos para el medio ambiente, sean a la vez malos para quienes trabajan en ellos?

Hace un par de años, CCOO denunció el caso de siete trabajadoras que venían sufriendo alteraciones menstruales, hemorragias nasales y síntomas de irritación respiratoria, mientras trabajaban reparando aspas de molino en una carpa montada en medio de un parque eólico de Palencia. Cuando el sindicato revisó la toxicidad de los productos que se utilizaban, descubrió que entre ellos había productos alérgenos, cancerígenos y disruptores endocrinos. Tampoco hace mucho se supo que en una escuela estadounidense había saltado la alarma porque varios profesores presentaban síntomas asmáticos. Los inspectores que revisaron las instalaciones del colegio llegaron a la conclusión que los casos se relacionaban con la reciente aplicación en el edificio de espuma de isocianato y otros revestimientos aislantes para mejorar su eficiencia energética. Hay también casos documentados de caídas mortales durante la instalación de placas solares en tejados, de quemaduras por arco eléctrico durante operaciones de mantenimiento en turbinas eólicas o de incendios por vapores inflamables utilizados en trabajos de aislamiento. Podríamos extender la casuística con el dato de que el sector de reciclaje y tratamiento de residuos tiene una de las incidencias más elevadas de accidentes mortales en la industria, o citando casos de intoxicaciones y lesiones por movimientos repetitivos en empresas de reprocesado de metales, o señalando los riesgos por estrés térmico y por la posible exposición a sílice en la fabricación de placas solares.

Es decir, que lo que hacia fuera aparece como verde no siempre lo es hacia adentro, sino que muchas veces los empleos llamados verdes presentan los mismos riesgos para la salud de los trabajadores que cualquier industria tradicional. Y aquí se plantea, de entrada, un problema conceptual: ¿se puede calificar de sostenible un proceso que genera lesiones, enfermedad, incluso muerte, en quienes lo llevan a cabo? La respuesta parece obvia, no se puede desligar la sostenibilidad ambiental de la sostenibilidad para las personas, y no se deberían calificar como sostenibles los empleos que no sean saludables para los trabajadores. Sin duda, hay que ampliar el concepto ecológico de sostenibilidad de forma que incluya la protección de la salud y seguridad en el trabajo.

Ahora que vienen elecciones, sería deseable impulsar la integración de este punto de vista en los debates sobre la explotación de los yacimientos de empleo verde como estrategia económica y ambiental de futuro.

Se trataría, en primer lugar, de popularizar la idea de sostenibilidad integral del empleo verde, llevando a la conciencia pública la necesidad de diseñar procesos de trabajo respetuosos con el medio ambiente pero también con la salud de las personas. Se debería potenciar la idea de que es posible eliminar o minimizar los riesgos desde el primer momento mediante la llamada ‘prevención a través del diseño’. Investigar y difundir los potenciales riesgos laborales de la economía verde serviría también para aumentar la sensibilidad social por el problema, potenciando, en definitiva, una cultura preventiva integral.

Pero por otro lado, es necesario incentivar las buenas prácticas, introduciendo cláusulas de sostenibilidad integral en las contrataciones públicas o en la concesión de subvenciones, definiendo estándares e indicadores de gestión de la prevención de riesgos laborales para los distintos sectores verdes, publicitando y premiando experiencias positivas de integración, incorporando criterios de salud laboral en las regulaciones normativas donde no estén contemplados. En definitiva, incentivación social y también económica.

Ya ven, no hay equolumnista inmune al ambientillo electoral y uno acaba haciendo propuestas cuasi programáticas, sin querer queriendo. Prometo volver a las andadas tras el 20-N, ya con equodiputados en el Congreso.

La ciudad debería ser un espacio abierto al ejercicio de la ciudadanía y “ciudadanía” es un concepto político que sólo se entiende en el espacio físico de la ciudad. Y sin embargo contamos con cada vez menos espacios para hablar, para discutir, para vernos, para interrelacionar políticamente con otros y otras, para escuchar opiniones distintas y valiosas; vivimos inmersos en micromundos en los que sólo nos relacionamos con los que son muy afines. En las modernas ciudades no sabemos dónde está la gente, qué opina, no es fácil hacer propuestas conjuntas, vernos.  No hay espacios para el debate político que hemos dejado en manos de partidos e instituciones, no hay medios, no hay facilidades para hablar, debatir, escuchar…la propia estructura de la ciudad nos va alejando, cada vez más, del ejercicio de la ciudadanía activa.

Pero el hecho de que no haya espacios para la política no es inocente. Al poder no le gusta que andemos discutiendo sobre lo que el poder hace. Por eso el urbanismo actual ha convertido las ciudades en espacios en los que es muy difícil comunicarse. Son espacios que garantizan ciudadanos ensimismados en sus propias vidas y las de sus pequeñas familias, son ciudades “de uno en uno” que tienen como fin último individualizar en lo posible la convivencia, meter a los ciudadanos/as en compartimentos estancos que se relacionen entre ellos lo menos posible: de casa al trabajo, del trabajo a casa, el ocio en el centro comercial y las únicas relaciones, si acaso, con el vecino de al lado que será, seguramente, muy parecido  a nosotros. Los centros urbanos, los tradiciones lugares de convivencia ciudadana,  se vacían para ser ocupados por empresas y por transeúntes que compran o trabajan y a los que se supone que les molesta cualquier otro uso de ese espacio. Y los barrios se vacían también de los tradicionales espacios de vida para que cada uno se refugie en su espacio individual, jardín privado o comunitario incluidos, del que sólo se sale al centro comercial o a espacios de ocio previamente codificados.

Estas ciudades dormitorio o esta proliferación de viviendas unifamiliares hasta el infinito, además de destrozar el paisaje,  son espacios sin voluntad cívica de ninguna clase y una muestra de la ideología neoliberal del individualismo reflejado en el urbanismo. Por eso, volver a la ciudad, sentarse en el suelo y escuchar lo que otra mucha gente tiene que decir, es un ejercicio de ciudadanía insólito pero que lleva en sí mismo la semilla del cambio. Aunque sólo sea porque es devolver a la ciudad la función para la que la ciudad fue creada: hacer ciudadanía.

Una diligencia innovadora que, paradójicamente, se echa en falta en lo que podríamos denominar las tareas de mantenimiento constitucional, donde la pauta es más bien la de no hacer hoy lo que puedas dejar para mañana. La cosa es reinventar aunque no seamos capaces de hacer funcionar lo que ya existe.

La última renovación del Tribunal Constitucional, que tenía que haberse efectuado en diciembre de 2007, se retrasó ni más ni menos que tres años hasta el pasado mes de enero, en que los cuatro nuevos magistrados designados por el Senado tomaron posesión de sus cargos. Tres de otros cuatro, de nuevo en funciones desde hace un año, plantearon el mes de junio su dimisión (el cuarto ha fallecido) como medida de presión para forzar la renovación de sus cargos, ante la inoperancia de los dos partidos mayoritaria para alcanzar un acuerdo sobre las candidaturas. Uno de los dimisionarios llegó a decir que “tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado”. Estamos hablando ni más ni menos que del máximo órgano de interpretación de la Constitución.

Hace más de un año, en junio de 2010, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, concluyó su mandato y su puesto sigue siendo ocupado de manera interina por María Luisa Cava de Llano. Tampoco aquí ha sido posible el acuerdo entre los partidos mayoritarios, a pesar de tratarse de la figura institucional encargada de velar por el respeto efectivo de los derechos constitucionales de la ciudadanía.

El Tribunal de Cuentas es otro órgano constitucional con renovación retardada. Sus doce miembros (uno de ellos, también fallecido en 2007) debían haber sido sustituidos en noviembre pasado, pero la preocupación por recortar las cuentas del Reino que ha alumbrado la reciente reforma exprés no parece extenderse a los órganos de control de esas mismas cuentas.

Las prisas por destacar como los primeros de la clase en la escuela europea neoliberal se convierten en dilaciones e inoperancia cuando se trata de velar por el funcionamiento constitucional. Dilaciones e inoperancia que, por otra parte, son un indicador fehaciente de la preeminencia del interés partidista en instrumentalizar las instituciones, muy por encima de la defensa de los intereses superiores de la democracia y, en definitiva, de la ciudadanía. Lo llaman democracia y no lo es.

Pero además de la desvergüenza en las formas, hay también una burla de fondo. Los responsables del despilfarro se erigen en defensores de la austeridad como si se tratara de personas diferentes a quienes generaron el gasto. Hasta tal punto, que parece que es la propia ciudadanía la que tiene que pedir disculpas porque gasta mucho en sanidad, en educación o en atención a la dependencia. Ni una palabra autocrítica sobre los habituales dispendios protocolarios, ni sobre los aeropuertos inútiles (1.100 millones invertidos en el de Ciudad Real a punto de ser clausurado) o sobre las líneas de AVE superfluas (3.500 millones en la línea Albacete-Toledo anulada porque cada pasajero nos costaba 2.000 euros). Y, por supuesto, sin poner en cuestión los gastos militares: más de 5.000 millones llevamos gastados en operaciones militares en el exterior desde 2002 y expertos universitarios calculan que el recorte en gastos militares podría suponer en 2011 un ahorro de al menos 3.000 millones. Otros 1.100 millones se podrían ahorrar suprimiendo “sin impacto laboral” unos 20.000 cargos de libre designación. Pero nada de esto está en los argumentarios de los padrinos del apaño constitucional. Recortar las cuentas sí, pero no rendir cuentas.

Otras formas políticas son posibles. Islandia ha abierto el debate sobre su nueva constitución a través de las redes sociales Facebook, YouTube y Twitter, 25 consejeros institucionales elegidos entre unos 500 candidatos se encargan de reunir las propuestas ciudadanas y de elaborar un borrador, cerca de mil islandeses (Islandia tiene poco más de 300.000 habitantes) han expuesto sus ideas en un Foro Nacional convocado al efecto, existe una web institucional en la que la ciudadanía puede consultar semanalmente las propuestas de nuevos artículos constitucionales y este mes está previsto celebrar un referéndum. Pero, claro, los islandeses ya decidieron, también en referéndum, salirse de la dictadura de los mercados financieros.

Este sistema, que ya no nos garantiza (y cada vez menos) unos mínimos de vida, puede que termine por no garantizarnos tampoco las libertades básicas. Hemos entrado en un proceso en el que la protesta se está convirtiendo en una expresión subversiva porque subversivo parece ahora cualquier intento de disentir. El sistema necesita de la aquiescencia de gente sumisa, y ahí están todos los partidos de poder, los sindicatos, todas las estructuras y organizaciones que forman parte del mismo: las élites. Con la gente en estado de suma indignación, ya no importa tanto ganar o perder elecciones, al fin y al cabo, ellos van a seguir ahí, como que la cosa no se les vaya totalmente de las manos, como que no se produzca un cambio real.

Está ocurriendo en todo el mundo. En Chile los estudiantes claman por una educación pública de calidad y el 80% de la población les apoya. No les apoya en cambio ningún partido y son reprimidos duramente por el sistema que les gasea, les pega, les detiene y les impide manifestarse. La izquierda (la Concertación) que estuvo en el poder muchos años, no avanzó nada en ese sentido. Se ha roto la cadena de transmisión entre partidos y ciudadanía, los partidos a lo suyo y la ciudadanía desamparada. Una petición como la de educación pública está sirviendo para reprimir a la gente de manera brutal, pero sobre todo para demostrar hasta qué punto quienes gestionan las vidas de los chilenos son una élite alejada completamente alejada de las demandas justas de la ciudadanía.

En la India, una democracia, la mayor del mundo se dice, se ha detenido a un líder pacifista por pretender iniciar una huelga de hambre ¡sin permiso oficial! Y de manera preventiva se detiene a 1300 seguidores pacifistas. El motivo de las protestas era tan antisistema como protestar contra la corrupción endémica y tan extendida que es ya una parte inevitable del sistema. Como la ciudadanía parece que se ha hartado y protesta pacíficamente, se están produciendo detenciones masivas y de pacifistas. No hablemos de las protestas en el mundo árabe que son apoyadas o ignoradas por los gobiernos adalides de la democracia según les guste o les sea más útil el dictador de turno o según tengan más o menos intereses por ahí.

En EE.UU y ahora en Inglaterra se imponen (o se plantean en el caso del Reino Unido) toques de queda para los jóvenes. Un toque de queda general supone que para evitar lo que pueda pasar, antes de que pase nada, todos son culpables y se restringe la libertad de circulación de todos. (¡Si eso lo llegan a hacer los comunistas…) En Reino Unido dos personas han sido condenadas a 4 años de cárcel por comentarios hechos en el Facebook. En el futuro lo que se pone en las redes sociales puede ser delito grave, porque cada vez más se considera que alentar a la protesta es alentar la violencia. Por supuesto que esto sólo vale para la violencia contra el sistema. No se va a detener a los hinchas futbolísticos, ni a los religiosos fanáticos, ni a los patriotas fanáticos, ni a los fanáticos en general. Solo a quienes se manifiesten contra el sistema. Se trata de matar la disidencia antes de que se generalice, de ahí el carácter que se pretende ejemplarizante de las penas.

Por supuesto que ya muchos gobiernos se plantean restringir el uso de Internet también. Se bloquea la telefonía móvil no para evitar que se cometa un delito, sino para evitar que se proteste, para evitar que podamos transmitirnos consignas de protesta legítima y pacífica. Aquí hemos tenido ejemplos de sobra de esto con la represión laicista a la venida del Papa. Pero, además de la represión y criminalización de las protestas,  pacíficos del 15M, palos a los laicos, Sol cerrada a cal y canto, el metro paralizado…todo no para evitar la violencia, que no hay, ni el delito, que no existe, sino simplemente para evitar la protesta. Con la llegada del Papa hemos comprobado clarísimamente de qué manera, cuando la tensión social se vuelve preocupante, la élite se cierra y se apoya. De un Presidente laicista hemos pasado –mediado por la crisis y las protestas sociales- a volcarnos con la iglesia,  a consultarles sobre nuestras cuestiones políticas y a pedirle “su apoyo” para acabar con ETA, ver qué se hace con el Valle de los Caídos o salir de la crisis. Normal, los verdaderos poderes pueden diferir en la manera de gestionar la riqueza, pero ante la presión social se vuelven uno.

Por lo mismo se usa sin pudor ninguno la censura. ¿Alguien recuerda ya las críticas a la censura en las dictaduras comunistas? Pues aquí se censura sin más y ninguno de los grandes partidos, de los sindicatos, de los medios de comunicación ponen el grito en el cielo. Se ha censurado impunemente una campaña a favor del preservativo que había contratado una organización católica que participa en las JMJ. ¡Se censura una campaña a favor de un producto legal, usado masivamente, que se vende en los supermercados, recomendado incluso por las autoridades sanitarias! Se censura porque no se puede permitir nada que parezca que disienta de la fiesta oficial que se ha montado con el Papa a ver si la gente se distrae un poco.

Mientras, el poder (económico) como siempre puede hacer lo que quiera. Puede delinquir, por supuesto: evadir impuestos, realizar operaciones monetarias fraudulentas e ilegales, malversar, blanquear dinero, y todo eso por cientos o miles de millones, da lo mismo;  por eso no irá nadie a la cárcel. En el caso de los políticos pueden dilapidar el dinero, tirarlo literalmente. Me impresionó esta frase de un funcionario de Defensa leída en El País: “Hemos comprado armas que no necesitábamos, para conflictos que no existen y con dinero que no teníamos” ¡Por valor de 26.000 millones! Y no ha pasado nada, al parecer es normal, son las cosas de los ministerios. (100 millones pide la FAO estos días para Somalia, por cierto)

Pero ¡ay del que robe una bolsa de patatas fritas (Como en la Edad Media, un chico en Inglaterra ha sido condenado a cuatro años de cárcel por robar una bolsa de patatas que costaba 5 euros)! ¡Ay del que anime por Internet a la gente a unirse a una protesta aunque la protesta no exista, ay del que ose ponerse en huelga de hambre o acuda siquiera a una manifestación  que cuestione de cualquier manera este sistema!. Con el sistema no se admiten bromas. No nos queda otra que declararnos en rebeldía, insumisos, antisistema. Y aun así creo que hay que votar, convertir el voto en parte de la protesta,  votar partidos que propongan cambios radicales en el sistema, como Equo y seguir protestando.

Hasta hace poco los conflictos sociales que se producían en los países ricos eran conflictos laborales concretos; se manifestaban los trabajadores de uno u otro sector, los perjudicados por una u otra política. Por primera vez vemos como la ciudadanía se manifiesta, aquí, en Santiago de Chile, en Israel, en Grecia, en Portugal a causa no de algo concreto, sino en demanda de justicia social. Nos manifestamos porque se ha roto el pacto social que nos garantizaba, mal que bien, vidas vivibles, y porque nos hemos quedado a la intemperie. Unos se manifiestan porque no tienen, ni tendrán trabajo; otros porque no tienen esperanza de futuro; muchos porque no pueden acceder a una vivienda, muchas personas porque no pueden tener hijos por falta de ayudas; otras muchas porque la educación pública ha dejado de ser la garantía de la igualdad de oportunidades para convertirse en marca de desigualdad; nos manifestamos porque trabajar toda la vida ya no asegura una vejez apacible, sino incierta, un tiempo en el que no sabemos de qué vamos a vivir, porque el sueldo no alcanza para nada; porque todo se considera un bien privatizable y vemos cómo desaparece lo común para ser entregado a unos pocos: la educación, la salud, las pensiones, los recursos naturales, nuestros cuerpos, todo; y también porque todo esto ocurre en medio de un espectáculo obsceno en el que contemplamos como se regalan miles y miles de millones a los bancos, a las financieras. Así que no es que no haya dinero, es que nos lo quitan para dárselo a otros.

La socialdemocracia europea, comandada por la izquierda nórdica, con una política impositiva fuertemente progresiva consiguió sociedades en las que cualquier persona, naciera en la familia que naciera y en las circunstancias en que lo hiciera, tenía acceso al menos a una educación suficiente y a servicios básicos bastantes como para llevar una vida digna en la que sí podía depender de sus capacidades y de sus preferencias personales para desarrollar su existencia. Vistas con distancia, el resultado de aquellas políticas no admite discusión: se consiguieron sociedades ricas, cultas, igualitarias y también felices, según todos los indicadores. De hecho, han sido las sociedades más ricas, más cultas, más igualitarias, más solidarias y más felices de toda la historia de la humanidad.

Esas políticas llevadas a cabo por la socialdemocracia se universalizaron de tal manera que la derecha dejó de discutirlas, también las hizo suyas hasta el punto de que algunos derechos como la educación pública o la sanidad pública y universal pasaron a formar parte de las constituciones nacionales. Ese era el pacto social. Paz social a cambio de unos mínimos básicos de vida. La democracia representativa iba funcionando en la medida en que los distintos partidos representaban los intereses de la ciudadanía. Pero eso comenzó a romperse en los años 80 con la ofensiva en todos los terrenos de un capitalismo que decidió que no ganaba bastante dinero y fue preparando el terreno hasta llegar a hoy día. Quizá es que el mundo se le ha quedado pequeño; quizá es que ya no queda nada de lo que apropiarse en África, empobrecida y sangrada hasta el extremo, o en Latinoamérica, en donde las políticas que impuso el FMI generaron no sólo extremos insoportables de miseria y de injusticia, sino también la aparición de guerrillas que finalmente desangraron a esos países en guerras civiles terribles, en muerte y destrucción que se han prolongado por décadas y que aun sufren. Por allí no queda mucho que rascar.

Para cuando el capital vuelve sus ojos a los países ricos la democracia se ha convertido en una partitocracia esclerotizada, los países han cedido soberanía a las instituciones económicas, la izquierda ha desparecido, y la ciudadanía de las clases populares, la gente corriente, la que no es rica, la que no tiene nada excepto su trabajo, ve cómo ya no tiene quien la defienda desde la política, no tiene quién hable por ella después de años de discursos en los que se sostenía que las clases sociales habían desaparecido y que todos éramos iguales. Pues he aquí que no, que sigue habiendo ricos y pobres y que los más ricos siguen teniendo intacta la capacidad para empobrecernos a casi todos los demás. Lo que sí ha desaparecido, al menos de las instituciones, son los partidos como expresión de la voluntad de la ciudadanía, las convicciones políticas que defendían a la mayoría de la gente de la voracidad infinita de los ricos, de los poderosos. De ahí el “No nos representan”.

El pacto social está roto. La crisis, ya se ha dicho, no es sólo económica, sino que es ética, política, de derechos humanos básicos, ecológica. Se ha instalado una enorme desafección hacia un sistema, como el de la democracia representativa, que hasta hace poco era inatacable y que ahora parece incapaz de representar a nadie. Al mismo tiempo vemos cómo la correa de transmisión que permitía que esas cuestiones fueran las importantes, las que los partidos discutían en los parlamentos democráticos, también se ha roto. Los parlamentos se han convertido en oficinas en las que se gestiona, con pequeñas diferencias, la política impuesta ya no sólo por instituciones económicas supranacionales, sino que últimamente tenemos la sensación de que nos gobiernan empresas privadas que a su vez son gobernadas por facinerosos. El espectáculo de ver a todos los gobiernos del mundo pendientes y al dictado de lo que dicen esas llamadas empresas de calificación, que no son sino negocios privados cuyo único fin es maximizar sus beneficios a costa de lo que sea, de países enteros, de vidas, no es que sea inmoral y antidemocrático, es que es aterrador; es que da pavor.

Por eso los que nos manifestamos en todo el mundo reclamamos un nuevo pacto social entre las instituciones y la ciudadanía, un pacto que garantice unos mínimos básicos de vida, que garantice, en definitiva, justicia social. ¿Cómo lo hacemos? No lo se, pero sí se que lo viejo no sirve. Nuevos partidos, nuevas ideas, nuevas personas, nuevas formas de actuar, nuevas reivindicaciones (aunque son las de siempre, al mismo tiempo…) Un nuevo pacto social o un pacto social renovado es lo que tiene que ofrecer ahora la izquierda; ese pacto tiene que suponer restricciones claras al capitalismo, ese pacto tiene que ofrecer la posibilidad de controlar políticamente los mercados, tiene que posicionarse claramente en contra del neoliberalismo y a favor de la ciudadanía, a favor de la justicia social y de la solidaridad. Todo lo que no sea esto ya sobra y no convence. La alternativa es la nada, el estallido social que no se sabe a dónde nos llevará.

Bien, pues he aquí que, de repente, las dictaduras comunistas han sido sustituidas por las dictaduras de los mercados, mientras que los derechos humanos siguen en su sitio y por cierto, no hay más que leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos para darnos cuenta de que es verdad que los derechos allí recogidos son incompatibles con este capitalismo globalizado en el que vivimos. Esgrimiendo ese ya viejo texto, propio de un momento de esperanza mundial, nos daremos cuenta de que la defensa que la derecha hace del mismo se refiere únicamente a los derechos políticos, pero olvida todos los demás, así como la ética que los inspira. El neoliberalismo nos está conduciendo a un mundo de incumplimiento generalizado de esos derechos básicos que un mundo salido de una terrible guerra pensó como el mínimo necesario para que una vida humana pudiera merecer tal nombre.

El derecho a la libre circulación de las personas se incumple tan universalmente que hoy día no hay estado o gobierno que lo asuma o defienda ni siquiera teóricamente. Por su parte el neoliberalismo no es sino la ideología que preconiza el incumplimiento de la mayoría de los derechos llamados sociales o económicos: el derecho a la educación, a la sanidad, a la igualdad, a una vivienda…Es más, el neoliberalismo es la defensa a ultranza de políticas que deroguen estos derechos allí donde se han conseguido; es la ideología que defiende que los mecanismos puestos por los estados y las sociedades para tener acceso a aquellos vayan desapareciendo. Tanto es así que la misma ONU ha advertido que el plan de ajuste puesto en marcha en Grecia podría constituir un atentado a los derechos humanos.

Los gobiernos de derechas que “adelgazan” la sanidad o la educación, como los gobiernos de Madrid, Valencia o Cataluña, atentan contra los derechos humanos de la ciudadanía de esas comunidades. El gobierno y la oposición que no sólo no se han preocupado nunca de crear los mecanismos para ofrecer una vivienda digna a cada ciudadano/a atentan contra los derechos humanos y atentan gravemente cuando se niegan a tomar medidas que impidan que miles, cientos de miles de personas, pierdan sus casas por culpa de operaciones especulativas a las que ellos, como gobernantes, no pusieron ni freno ni cuidado.

Los Derechos Humanos no consisten sólo en meter un voto devaluado y cada vez más inútil en una urna. Todos los derechos humanos se podrían resumir en uno sólo: derecho a una vida digna que merezca la pena ser vivida y ésta se basa en pilares muy claros: igualdad, sanidad, educación, vivienda, trabajo, y sí, también derecho a elegir a nuestros gobernantes pero sin olvidar que con ese voto de lo que se trata es de que estos gobernantes lleven las aspiraciones ciudadanas a la política y no se desentiendan de ella en cuanto pasan a formar parte de la clase política, tal como sucede ahora.

Hay que empezar a preguntar a nuestros políticos, especialmente a la derecha, pero no únicamente, si son partidarios de la defensa de los derechos humanos de sus conciudadanos o si se han convertido, como algunos sátrapas y dictadores, en violadores constantes de los mismos. Si no saben a qué nos referimos, les leemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a ver qué dicen.