Consumatum est. Del 22 de agosto al 3 de septiembre la mayoría parlamentaria ha escenificado un “todo atado y bien atado”, insólito en la forma si nos atenemos al diálogo de sordos habitual entre los dos partidos mayoritarios, pero en absoluto inesperado desde el punto de vista de la coincidencia estratégica universal con las tesis económicas neoliberales que ambos profesan y, especialmente, con la desconsideración sin tapujos hacia la inteligencia ciudadana y la ciudadanía misma que se ha instalado en la política actual. Y han reformado la (¿su?) Constitución en un tiempo récord.

Una diligencia innovadora que, paradójicamente, se echa en falta en lo que podríamos denominar las tareas de mantenimiento constitucional, donde la pauta es más bien la de no hacer hoy lo que puedas dejar para mañana. La cosa es reinventar aunque no seamos capaces de hacer funcionar lo que ya existe.

La última renovación del Tribunal Constitucional, que tenía que haberse efectuado en diciembre de 2007, se retrasó ni más ni menos que tres años hasta el pasado mes de enero, en que los cuatro nuevos magistrados designados por el Senado tomaron posesión de sus cargos. Tres de otros cuatro, de nuevo en funciones desde hace un año, plantearon el mes de junio su dimisión (el cuarto ha fallecido) como medida de presión para forzar la renovación de sus cargos, ante la inoperancia de los dos partidos mayoritaria para alcanzar un acuerdo sobre las candidaturas. Uno de los dimisionarios llegó a decir que “tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado”. Estamos hablando ni más ni menos que del máximo órgano de interpretación de la Constitución.

Hace más de un año, en junio de 2010, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, concluyó su mandato y su puesto sigue siendo ocupado de manera interina por María Luisa Cava de Llano. Tampoco aquí ha sido posible el acuerdo entre los partidos mayoritarios, a pesar de tratarse de la figura institucional encargada de velar por el respeto efectivo de los derechos constitucionales de la ciudadanía.

El Tribunal de Cuentas es otro órgano constitucional con renovación retardada. Sus doce miembros (uno de ellos, también fallecido en 2007) debían haber sido sustituidos en noviembre pasado, pero la preocupación por recortar las cuentas del Reino que ha alumbrado la reciente reforma exprés no parece extenderse a los órganos de control de esas mismas cuentas.

Las prisas por destacar como los primeros de la clase en la escuela europea neoliberal se convierten en dilaciones e inoperancia cuando se trata de velar por el funcionamiento constitucional. Dilaciones e inoperancia que, por otra parte, son un indicador fehaciente de la preeminencia del interés partidista en instrumentalizar las instituciones, muy por encima de la defensa de los intereses superiores de la democracia y, en definitiva, de la ciudadanía. Lo llaman democracia y no lo es.

Pero además de la desvergüenza en las formas, hay también una burla de fondo. Los responsables del despilfarro se erigen en defensores de la austeridad como si se tratara de personas diferentes a quienes generaron el gasto. Hasta tal punto, que parece que es la propia ciudadanía la que tiene que pedir disculpas porque gasta mucho en sanidad, en educación o en atención a la dependencia. Ni una palabra autocrítica sobre los habituales dispendios protocolarios, ni sobre los aeropuertos inútiles (1.100 millones invertidos en el de Ciudad Real a punto de ser clausurado) o sobre las líneas de AVE superfluas (3.500 millones en la línea Albacete-Toledo anulada porque cada pasajero nos costaba 2.000 euros). Y, por supuesto, sin poner en cuestión los gastos militares: más de 5.000 millones llevamos gastados en operaciones militares en el exterior desde 2002 y expertos universitarios calculan que el recorte en gastos militares podría suponer en 2011 un ahorro de al menos 3.000 millones. Otros 1.100 millones se podrían ahorrar suprimiendo “sin impacto laboral” unos 20.000 cargos de libre designación. Pero nada de esto está en los argumentarios de los padrinos del apaño constitucional. Recortar las cuentas sí, pero no rendir cuentas.

Otras formas políticas son posibles. Islandia ha abierto el debate sobre su nueva constitución a través de las redes sociales Facebook, YouTube y Twitter, 25 consejeros institucionales elegidos entre unos 500 candidatos se encargan de reunir las propuestas ciudadanas y de elaborar un borrador, cerca de mil islandeses (Islandia tiene poco más de 300.000 habitantes) han expuesto sus ideas en un Foro Nacional convocado al efecto, existe una web institucional en la que la ciudadanía puede consultar semanalmente las propuestas de nuevos artículos constitucionales y este mes está previsto celebrar un referéndum. Pero, claro, los islandeses ya decidieron, también en referéndum, salirse de la dictadura de los mercados financieros.